Bufete Delgado Lamet " Asociados - Abogados y Economistas - Sevilla

Spanish English French German
18 Nov

Una reciente consulta vinculante de la Dirección General de Tributos ha confirmado que el régimen fiscal de las operaciones de lease back( venta de un activo y arrendamiento posterior del mismo) coincide con el régimen contable, si se dan los requisitos establecidos en la norma octava, apartado 3º, de Registro y Valoración del Plan General de Contabilidad, es decir, que la operación se trate de un medio de financiación.

La sociedad que realiza el lease back, continuará amortizando el bien que ha transmitido( como si no se hubiese llevado a cabo) y no contabilizará beneficio o pérdida extraordinaria resultado de la enajenación.

Por tanto, "menos líos y complejidad " para la confección de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, por lo que no habrá que efectuar ajustes y correcciones al resultado contable obtenido por la sociedad.

30 Nov

Una de las principales cuestiones que debe someterse a consideración en las sociedades es la retribución o no del cargo de administrador. Es un asunto que no carece de importancia, pues para que los administradores puedan recibir una remuneración como contraprestación por el ejercicio de su cargo, debe recogerse expresamente en los estatutos sociales el sistema o sistemas de retribución.

Esta previsión estatutaria tiene como finalidad tutelar tanto los intereses de los administradores como de los socios, pues así, aquellos pueden conocer con certeza cuál va a ser la retribución por el ejercicio de su cargo, evitado actuaciones arbitrarias de la junta general, y los socios quedan protegidos de la posibilidad de que los administradores cambien su remuneración por propia decisión.

La retribución de los administradores ha sido desde siempre un tema ante el que el legislador nunca ha permanecido ajeno, y que tanto la jurisprudencia como la Dirección General de los Registros y el Notariado han ido perfilando y matizando. A día de hoy, podemos afirmar que existe un amplio margen para establecer en los estatutos el sistema de remuneración, que podrá consistir, entre otros: en una asignación fija, dieta de asistencia, participación en beneficios, indemnizaciones por cese, etc. No obstante, la cláusula estatutaria que recoja el sistema o sistemas retributivos debe adecuarse a un previo control de legalidad por parte del Registro Mercantil, debiendo ésta respetar una serie de criterios que la Dirección General de los Registro y el Notariado ha ido recogiendo en diversas resoluciones. En este sentido:

30 Nov

Sabido es, la cantidad de "ríos de tintas" que han dado que hablar los conflictos de los intereses con los consumidores en las hipotecas contratadas para la adquisición de viviendas, y ello como consecuencia de la crisis inmobiliaria, que provocó la ejecución de infinidad de préstamos concedidos a los españoles y extranjeros por la Banca para " libar" de la llamada burbuja inmobiliaria.

            Ante la "explosión" de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios que las mismas conllevaban, comenzó a desarrollarse una doctrina liderada por el Tribunal de Justicia Europeo y finalmente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, de protección de los adquirentes de viviendas, facilitando las oposiciones por abusividad de determinadas clausulas en los procedimientos de ejecución hipotecario. Esta modificación ha conllevado que la sumariedad que tenían las ejecuciones hipotecarias se haya perdido y que los procedimientos de ejecución de hipoteca difícilmente tarden menos de dos años en culminarse. Esta merma en la recuperación contable para las entidades financieras traerá, sin ningún género de duda, un encarecimiento del llamado "crédito territorial" que tanto ayudó a los españoles a la adquisición de su vivienda.

            Este escenario propició una corriente jurisprudencial sobre el carácter abusivo o no de las clausulas habituales en los préstamos hipotecarios (intereses de demora, vencimiento anticipado, clausulas suelo, pacto de liquidez, Euribor, y un largo etc...). Estas resoluciones son constantes y variadas, faltando una unificación que parece haberse conseguido en los casos de intereses de demora y clausulas suelo, pero no en otros temas.

            Esta pequeña nota, vamos a dedicarla al IRPH, que últimamente y "abierta la veda contra las clausulas de los prestamos de los bancos" también se está poniendo en entredicho ante los tribunales. Pero .... ¿qué es el IRPH?.

18 Nov

POR ALEJANDRO AZCONA: Uno de los temas más controvertidos en la actualidad del ámbito fiscal es la tributación en las retribuciones de los socios profesionales. La nueva redacción del artículo 27.1 de la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, vigente desde el 1 de Enero de 2015, se introduce un nuevo párrafo tercero que dice así: "No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados”. Con esta nueva redacción del apartado 1 del art. 27 LIRPF, tendrán la consideración de rendimiento de actividades económicas las retribuciones a los socios que lleven a cabo actividades profesionales, es decir, las incluidas en la sección segunda de las tarifas del IAE, los servicios prestados a la sociedad dentro del objeto social de la misma y cuando el obligado tributario este incluido en el RETA o una mutualidad alternativa.

 

En el supuesto de no cumplirse los requisitos expuestos anteriormente, como se indica en el artículo 17.1 de la LIRPF“… y no tengan el carácter de rendimiento de actividades económicas”, tendrán la consideración de Rendimiento del Trabajo.

17 Nov

Podemos propone una subida fiscal de 45.000 millones para ricos y empresas.

(Expansión, 28 de octubre de 2015). Juanma Lamet.

En cuanto a los ingresos, Podemos, como, por lo demás, los otros partidos políticos, no sabemos si por ignorancia o por cinismo y desde luego siempre con demagogia confunden (la ciudadanía, en general también) los más ricos tributarios con los más ricos a secas porque en el orden tributario los más ricos suelen ser (a efectos de la aplicación de la tarifa progresiva que es de lo que se habla) los perceptores de rendimientos de trabajo y profesionales, y éstos no suelen ser los más ricos en España.

En cuanto a los gastos, Podemos, como también los otros partidos, sólo se preocupa de aumentarlo (mayormente el gasto social) pero no de emplearlo con mayor eficacia y eficiencia como la Constitución (y el sentido común) exige.

Todo lo demás queda inconcretado incluido, como no, la lucha contra el fraude fiscal que ya es una cláusula y contra el que no cabe encontrar ni una sola propuesta imaginativa de ningún partido más allá del palo tan ineficaz como a la vista está y aunque los palos vayan más allá de lo permitido por nuestros derechos y valores constitucionales.

16 Nov

La recuperación de la paga extra de Navidad del año 2012 por parte de los funcionarios tributará en el IRPF del ejercicio 2015 al ser exigible en el citado ejercicio y siempre que se abone por el correspondiente organismo público antes de finalizar el año.

Ojo no tiene, tal como aclara en la consulta vinculante de 4 de septiembre de 2015, la Dirección General de Tributos, la paga extra que ahora se recupera , la naturaleza de atrasos, por lo que no corresponde su imputación al año 2012 a través de una complementaria, sino al ejercicio 2015.

20 Nov

Recientemente, se han publicado una serie de reformas tendentes a agilizar las comunicaciones entre los ciudadanos y Administraciones Publicas y adaptarse a las nuevas tecnologías a fin de favorecer una mayor dinamización y celeridad en los procesos y conflictos que surjan entre las partes, lo que, en teoría, debe permitir mejorar los tiempos de respuesta y de resolución.

Desde el día 1 de enero de 2016, cualquier procedimiento judicial que se inicie y/o se deba entender con determinados interlocutores, deberán desarrollarse y encauzarse en soporte digital, más allá de exigir la presentación simultánea en soporte físico papel para determinados supuestos. Nos referimos a las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quien ejerza una actividad profesional que requiere colegiación obligatoria en el ámbito de esa actuación profesional (entre ellos, los profesionales de la Justicia como Procuradores y Abogados), los notarios y registradores, los funcionarios de las Administraciones Públicas en los trámites que por razón de su cargo desempeñen y los representantes de aquéllos.

No hay vuelta atrás, este colectivo tiene la obligación de comunicarse electrónicamente con la Administración de Justicia, lo que exigirá un esfuerzo de adaptación en un brevísimo espacio de tiempo, cuyo resultado final dependerá de la disponibilidad de medios técnicos y personales que haya ido gestionando cada Administración Autonómica de Justicia.

Por lo que respecta a las personas físicas no están obligadas, pero podrán someterse voluntariamente a este sistema, si bien, en aquéllos procesos en los que la intervención del Procurador y/o Abogado resulte preceptiva, la interlocución digital se realizará por mediación de estos últimos.

En otro plano se encuentran el resto de Administraciones Públicas, resultando exigible este tipo de comunicación a partir del día 2 de octubre de 2016 para el mismo colectivo mencionado anteriormente, fecha en la surgirá de las “aguas” el expediente electrónico o digital.

La inercia de la Administración es conocida por todos y su aplicación y virtualidad práctica dependerá de la efectiva asignación de recursos. La suerte está echada o, siguiendo la locución latina tan conocida “alea jacta est”.

12 Nov

POR CARMEN CASTRO: Es bastante común que el propietario de una vivienda, la cual tiene alquilada, actúe de forma unilateral cambiando la cerradura que permite el acceso a la misma como inadecuada forma de resolución del contrato de arrendamiento.

Ahora bien, ¿Cómo se debe calificar esta conducta del arrendador?

El hecho de proceder al cambio de cerradura integra un delito de coacciones previsto en el artículo 172.1 del Código penal. Así queda reconocido también por la jurisprudencia del Tribunal Supremo afirmando que constituyen manifestaciones de este delito conductas de modificación de cosas materiales, como es el cambio de cerradura, realizadas con el fin de impedir a una persona el uso de un bien concreto sobre el cual tiene alguna clase de posesión, aunque sea una simple posesión de hecho. Insiste que para privar a una persona del uso de un inmueble que viene utilizando sin derecho alguno están previstos procedimientos civiles sumarios como interdictos, desahucios por precario, entre otros; sin necesidad de llegar a efectuar este acto.

11 Nov

Os adjuntamos a continuación enlace a sentencia relativa al Recurso 208/2013, defendido por BDLA y resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contenciosos-Administrativo (Sevilla).

En este recurso, y en aplicación del artículo 140.1 de la Ley General Tributaria, se resuelve que la Administración no puede practicar nueva liquidación en base a circunstancias que podría haber comprobado según la documentación ya aportada por el contribuyente o de la que esta disponía por otros medios.

Por lo tanto, la posible práctica de una nueva liquidación quedaría limitada al descubrimiento de nuevos hechos o circunstancias que se dedujeran de información de la que la Administración no disponía en el procedimiento de comprobación limitada previo.

Podéis leer la sentencia en este enlace

10 Nov

Un día cualquiera nos vemos involucrados en un incidente con un tercero y/o persona con la que se mantiene una relación contractual, que en un momento determinado debe responder por los daños que nos ha podido ocasionar y constatamos que tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil.

El primer interrogante que ha de surgir, abstrayéndonos de la mayor o menor pertinencia de nuestra pretensión, es qué plazo tenemos para dirigirnos frente al seguro.

Pues bien, el artículo 76 de la Ley de Contrato del Seguro regula la “acción directa” del perjudicado, es decir, la posibilidad de dirigir la reclamación de daños y perjuicios frente a dicha entidad, sin mención de plazo específico de ejercicio, lo que ha sido tradicionalmente fuente de conflicto, ya que las aseguradoras pretenden situarlo en el plazo más reducido posible (de ordinario, el de 1 año de la acción responsabilidad extracontractual).

La realidad, sin embargo, no resultará así con vocación de generalidad, ya que los Tribunales matizan que ha equipararse el plazo de la acción directa del perjudicado al mismo plazo que se tendría para el ejercicio de acciones frente al asegurado, de modo que si la obligación que trae causa en la indemnización es de naturaleza contractual, el plazo de prescripción vendría ligado al mismo (15 años de plazo general o, en su defecto, el de 5 años que se ha regulado recientemente para las acciones personales, aunque habría que valorar su transitoriedad). Si la indemnización pudiera tener causa en un accidente (caída en zona próxima a una obra o centro comercial), por una acción u omisión del tercero del que deba responder, el plazo será entonces el de 1 año antes citado.

Antes de ponernos en marcha, valoremos la actuación seguida, plazos y posibles interrupciones, lo que a buen seguro nos evitará disgustos mayores.

Síguenos

Contacto

 

bufete2BUFETE DELGADO LAMET & ASOCIADS
Avda. Blas Infante, 6 - 11º. 41011. Sevilla

Tfno: 954 99 04 20 | Fax: 954 99 04 21
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Copyright © 2014 Bufete Delgado Lamet " Asociados - Abogados y Economistas - Sevilla. Todos los derechos reservados. Diseñado por JoomlArt.com. Diseño Web Sevilla. es software libre, liberado bajo la GNU General Public License.