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La Agencia Tributaria no podrá impedir el aplazamiento de deudas por el hecho de que la empresa se encuentre declarada en concurso de acreedores, así lo confirma la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, la cual recoge el caso de una compañía que solicitó el aplazamiento de sus deudas tributarias encontrándose en situación de concurso de acreedores y le fue denegado con el único argumento de la existencia de dificultades económico-financieras de carácter estructural, las cuales se desprendían de la situación de concurso.

El Alto Tribunal estima el recurso y se pronuncia al respecto afirmando que:

<< La declaración en concurso del deudor no lleva automáticamente como consecuencia que su insolvencia sea estructural. Todo lo contrario, un concurso voluntario con convenio aprobado revela una situación llamada a ser superada >>

Por tanto, damos la bienvenida al fallo .

Lunes, 27 Enero 2014 20:00

¡ADIOS AL PAPEL!

Eso es lo que han dicho desde la Agencia Tributaria. Las declaraciones tributarias que tienen que presentar los empresarios y profesionales individuales se harán desde el principios de año por vía telemática.

JuzgadosAlmeria2Son ya reiteradas las Sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta en las que se declara el derecho de un contribuyente a la devolución de lo satisfecho en concepto de Tasa por la Prestación de Servicios Urbanísticos.

Traemos a este blog una interesante y reciente Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 18 de diciembre de 2012, en la que da un “fuerte varapalo” a un Tribunal Económico Administrativo Regional en materia de notificaciones.

El “audaz” Tribunal Regional notificó el trámite para efectuar alegaciones al típico contribuyente que no está de acuerdo con alguna liquidación recibida de la AEAT, indicando el Servicio de Correos que el interesado figuraba como desconocido en el correspondiente certificado de correos.

Con la cautela necesaria y la credibilidad que hay que tener del Ejecutivo, se anunciaron ayer medidas interesantes en el Debate del Estado de la Nación.

En concreto, la que nos parece más útil, dada la situación actual, es la relativa el IVA y su ingreso en la Hacienda Pública conforme al criterio del cobro o caja. ¿Qué significa esta medida? Pues que las empresas, empresarios y profesionales ingresarán el IVA a la Hacienda Pública  que,  han repercutido por sus ventas o servicios prestados en sus facturas,  cuando cobren las mismas de sus clientes.

R. TEAC 3 de febrero de 2010.- La doctrina contenida en esta Resolución se puede resumir en estos términos: para acreditar un gasto en orden a su deducción en el Impuesto de Sociedades o en el del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y también para deducir la cuota por IVA soportado, no es suficiente la factura sino que también se ha de acreditar la realidad de la  misma. Es decir, que la factura no es falsa. Esta doctrina es seguida con frecuencia por la Agencia Tributaria y también  por los Tribunales Económico-Administrativos, con algún que otro brote de contagio en los Tribunales Contencioso-Administrativos. La doctrina, a nuestro juicio, es errónea, pues invierte la carga de la prueba y hace caso omiso de la factura como medio de prueba. Pero lo más grave es que además la negación de la factura como medio de prueba se fundamenta habitualmente en meros juicios de valor, haciéndolos pasar por presunciones. Sevilla,  julio de 2010.

Fdo.- Antonio F. Delgado González

Abogado. Doctor en Derecho

En Resolución de 21 enero de 2013, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se publican las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2013, se contemplan las siguientes actuaciones en lo que se refiere al Impuesto sobre el Patrimonio.

De gestión tributaria:

  • Se intensificarán las actuaciones de control de presentación de autoliquidaciones, a partir de la información propia derivada de los desplazamientos patrimoniales declarados, así como por la obtenida en colaboración de la AEAT.
  • Se verificarán y comprobarán las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes con especial incidencia en la integridad de los bienes declarados, en la correcta valoración de los mismos conforme a las reglas contenidas a este efecto en la normativa del impuesto, así como a la corrección de las exenciones alegadas y de las deudas que sean deducibles.

En el BOCG de 7-9-12 se ha publicado  el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha  contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

Sin perjuicio de un análisis más sosegado y detallado del proyecto, que haremos más adelante, damos cuenta de lo más destacado del mismo. A saber:

  • Se confirma  el criterio jurisprudencial y el de la fiscalía de que la regularización tributaria que excluye el delito exige no sólo la declaración sino también el pago.
  • Se confirma el criterio jurisprudencial de que la deuda tributaria extinguida (por prescripción normalmente), subsiste, en caso de delito, como responsabilidad civil derivada del delito (el plazo de la prescripción en el orden penal es superior al plazo de prescripción en el orden tributario).

Tal y como se anticipó en el comentario anterior a la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, el artículo 1 diecisiete de esta Ley establece un nueva obligación de información, relativa a bienes y derechos situados en el extranjero, añadiendo para ello una nueva disposición adicional, la decimoctava, a la Ley General Tributaria.

Se establece concretamente que los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria la siguiente información:

  1. Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición.
  2. Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.
  3. Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.

Además de las modificaciones introducidas por la Ley de lucha contra el fraude en la Ley General Tributaria referidas en anteriores comentarios, mediante dicha Ley se han introducido en la Ley General Tributaria otras modificaciones también de relevancia, que son las que seguidamente se exponen.

En primer lugar, se establecen las siguientes medidas referidas a la sucesión en la deuda tributaria:

  • Para prevenir la actuación de fraude consistente en repartir el patrimonio existente de la Sociedad a los socios a través de operaciones de pre-liquidación, una vez nacida la deuda, para dejar paso a una liquidación formal de la sociedad con una cuota insignificante, se incrementa a estos efectos el valor de la cuota de liquidación del socio sucesor en la deuda tributaria que opera como límite de su responsabilidad, que ascenderá al valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones.
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