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El próximo 29 de febrero vence el plazo para presentar el modelo 347 de Declaración de operaciones con terceras personas realizadas en el ejercicio 2015. La AEAT adelantó la presentación del mismo hace unos años.

Igual plazo tiene el modelo 184 de Declaración informativa anual de entidades en régimen de atribución de rentas.

Lunes, 08 Febrero 2016 00:00

LA DUPLICIDAD EN LA TASACIÓN DE COSTAS

Como todos sabemos, cuando una de las partes de un procedimiento contencioso-administrativo ve desestimadas sus pretensiones, como tónica general, es condenada en costas. De esta manera se ve obligado a abonar los honorarios de defensa de la parte contraria.

Ahora bien, hay un supuesto en el que, a nuestro juicio, se está dando una duplicidad injustificada en las mismas.

Es el caso de procedimientos referidos a tributos cedidos, en los cuales la Administración Autonómica y la Administración Estatal (estando ambas personadas como demandas) actúan cada una de ellas con su propia defensa jurídica, existiendo al final del procedimiento dos minutas de honorarios distintas a cargo del sujeto condenado a costas.

Sin perjuicio de que la Administración Autonómica sea la beneficiaria de la liquidación de determinados tributos, la titularidad de los mismos es estatal, por lo que carece de fundamento que en estos casos no se actúe bajo una misma dirección jurídica, al tratarse de una misma pretensión y ser sus argumentos de defensa comunes.

Hemos de señalar igualmente la perplejidad que causa que, en muchos de los casos, tratándose del mismo procedimiento, los honorarios de las dos defensas sean distintos.

La recuperación de la paga extra de Navidad del año 2012 por parte de los funcionarios tributará en el IRPF del ejercicio 2015 al ser exigible en el citado ejercicio y siempre que se abone por el correspondiente organismo público antes de finalizar el año.

Ojo no tiene, tal como aclara en la consulta vinculante de 4 de septiembre de 2015, la Dirección General de Tributos, la paga extra que ahora se recupera , la naturaleza de atrasos, por lo que no corresponde su imputación al año 2012 a través de una complementaria, sino al ejercicio 2015.

Recientemente, se han publicado una serie de reformas tendentes a agilizar las comunicaciones entre los ciudadanos y Administraciones Publicas y adaptarse a las nuevas tecnologías a fin de favorecer una mayor dinamización y celeridad en los procesos y conflictos que surjan entre las partes, lo que, en teoría, debe permitir mejorar los tiempos de respuesta y de resolución.

Desde el día 1 de enero de 2016, cualquier procedimiento judicial que se inicie y/o se deba entender con determinados interlocutores, deberán desarrollarse y encauzarse en soporte digital, más allá de exigir la presentación simultánea en soporte físico papel para determinados supuestos. Nos referimos a las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quien ejerza una actividad profesional que requiere colegiación obligatoria en el ámbito de esa actuación profesional (entre ellos, los profesionales de la Justicia como Procuradores y Abogados), los notarios y registradores, los funcionarios de las Administraciones Públicas en los trámites que por razón de su cargo desempeñen y los representantes de aquéllos.

No hay vuelta atrás, este colectivo tiene la obligación de comunicarse electrónicamente con la Administración de Justicia, lo que exigirá un esfuerzo de adaptación en un brevísimo espacio de tiempo, cuyo resultado final dependerá de la disponibilidad de medios técnicos y personales que haya ido gestionando cada Administración Autonómica de Justicia.

Por lo que respecta a las personas físicas no están obligadas, pero podrán someterse voluntariamente a este sistema, si bien, en aquéllos procesos en los que la intervención del Procurador y/o Abogado resulte preceptiva, la interlocución digital se realizará por mediación de estos últimos.

En otro plano se encuentran el resto de Administraciones Públicas, resultando exigible este tipo de comunicación a partir del día 2 de octubre de 2016 para el mismo colectivo mencionado anteriormente, fecha en la surgirá de las “aguas” el expediente electrónico o digital.

La inercia de la Administración es conocida por todos y su aplicación y virtualidad práctica dependerá de la efectiva asignación de recursos. La suerte está echada o, siguiendo la locución latina tan conocida “alea jacta est”.

La modificación de las tasas judiciales ha consistido en dejar exentas a las personas físicas.

Esta exención carece de motivación y es contraria al principio de capacidad de pago pues ser una persona física o jurídica no es ningún indicio de capacidad de pago. Y por ello, a nuestro juicio, es inconstitucional.

En definitiva contraria al principio de igualdad en clave tributaria

El ejercicio del poder normativo de las Comunidades Autónomas sobre los tributos cedidos, en especial en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, está creando alarma social al originar situaciones muy desiguales entre los contribuyentes según residan en una u otra Comunidad.

¿Está justificada esta desigualdad?

La justificación, a nuestro juicio, ha de encontrarse en el propio concepto de autonomía.

Pero esta justificación a su vez ha de tener un motivo financiero. Es decir ha de justificarse por el gasto público de cada Comunidad en orden a prestar más o mejores servicios públicos o en orden a conseguir una mayor redistribución de la renta.

No parece que sea el caso.

Martes, 02 Diciembre 2014 00:00

LAS EMPRESAS TRABAJAN UNA SEMANA PARA HACIENDA

El tiempo que emplean en España las empresas a cumplir con Hacienda es de 167 horas al año. Holanda, con 123 horas, Noruega, con 83 horas y Suiza, con 63 horas, son los países cuyas empresas dedican menos horas a la cumplimentación de las obligaciones tributarias, según el informe de la consultora PwC del que se ha hecho eco el diario económico “Cinco Dias”.

El pasado día 19 nuestro socio Don Antonio Delgado González publicó en el diario económico “Cinco Días” un artículo titulado "Productividad y empleados públicos" que a continuación os resumimos, pudiendo acceder al original en el siguiente enlace:

http://cincodias.com/cincodias/2014/11/19/economia/1416420349_137823.html

Jueves, 27 Noviembre 2014 00:00

NOTICIAS JURÍDICAS DESTACADAS NOVIEMBRE 2014

"El PSOE pide auditar la amnistía fiscal para detectar corruptos"

Expansión lunes 3 de noviembre de 2014, página 29.

¿Conoce Don Pedro Sánchez el principio de confianza legítima?

A la luz de su propuesta parece que no, sin perjuicio de que sea un principio esencial en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

Y parece que no porque si lo conociera no haría o no debería hacer la propuesta hecha.

La amnistía fiscal que no es tal sino una regularización fiscal parcial "low cost" no resiste el más mínimo juicio ético además de ser una chapuza tal como fue articulada, pero la articuló el Estado, es decir fue legal, ante su incapacidad para controlar el fraude fiscal y por sus necesidades recaudatorias.

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