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Hoy era el día en el que muchos esperábamos con interés la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en la cual se daría carpetazo definitivo a la retroactividad limitada que imperaba en nuestro sistema en lo relativo a la famosa “Cláusula Suelo”.

Por ponerles en antecedentes: El Tribunal Supremo dictó Sentencia el 9 de mayo de 2013 por la cual declaraba ilegal las cláusula suelo si se aplicaba a consumidores y obligaba a devolver todo lo cobrado indebidamente. Ante las dudas que suscitaba el asunto, con fecha 25 de marzo de 2015 matizó que debía devolverse lo indebidamente cobrado pero solo hasta el 9 de mayo de 2013 (la mayoría de las “cláusulas suelo” comenzaron a activarse en 2009 debido a la bajada del Euribor, el índice de referencia de la mayoría de hipotecas), por lo que han sido miles y miles de reclamaciones en las cuales o bien se ha llegado a un acuerdo entre el consumidor y la entidad bancaria o bien se ha llegado a setencia firme pero en todo caso la devolución de las cantidades siempre ha estado limitada a lo cobrado con posterioridad al 9 de mayo de 2013.

Pues bien, la Corte de Luxemburgo ha echado hoy por tierra esa la limitación y deja claro que la banca debe devolver íntegramente el dinero sin atender a fecha límite alguna (puede leer aquí la sentencia completa) por lo que es posible reclamar LA TOTALIDAD DE LO COBRADO INDEBIDAMENTE desde el inicio de la vida del préstamo, aun incluso habiendo llegado a un acuerdo con la entidad anteriormente.

Si usted tiene cláusula suelo y todavía no ha reclamado su inaplicación o incluso si ya lo hizo y llegó a un acuerdo con su entidad bancaria, póngase en contacto con nosotros en el teléfono 954 99 04 20 o bien en el email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

 

Estamos a su entera disposición en:

BUFETE DELGADO, LAMET & ASOCIADO

Avenida Blas Infante nº6, planta 11

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Hacienda : No vale "pájaro que vuela a la cazuela". Es decir, no toda liquidación provisional, acta de inspección, que resulte cuota a ingresar, debe de llevar inexorablemente una sanción a ingresar a la Hacienda Pública. No.

Eso es lo que viene a sostener el Tribunal Supremo en dos recientes Sentencias que traemos a colación .

Sentencia de 28 de abril de 2016 y Sentencia de 4 de julio de 2016, , en las cuales el Alto Tribunal viene a concluir que el ´órgano sancionador debe en primer lugar probar la culpabilidad del contribuyente y tiene la carga de ello y además debe valorar la intencionalidad concreta del contribuyente en la conducta que se le imputa, no siendo suficiente la simple y genérica afirmación que siempre es la misma, por el corta y pega, de que no se aprecian dudas interpretativas razonables.

Por tanto, damos la bienvenida al criterio del Tribunal Supremo.

Eso es lo que viene a confirmar la Dirección General de Tributos en consulta vinculante de 19 de abril de 2016.

El cambio de pagador de las nóminas por un proceso de subrogación empresarial en el marco de una reestructuración empresarial no determina que haya dos pagadores a efectos de determinar la obligación de declarar en el IRPF .

Por tanto, aplaudimos el criterio de la Dirección General de Tributos.

Alivia el criterio de la Dirección General de Tributos de 2015 sobre la tributación de la condena en costas.

Si Ud. interpuso un recurso judicial y fue condenado en costas sepa que el pago de las mismas lo puede incluir en su declaración de la renta como pérdida patrimonial que va a la base imponible general del Impuesto. Ello puede beneficiarle en su tributación por el IRPF, al compensarse con límites la pérdida patrimonial representada en el pago de las costas, con el resto de rentas que se integran en la base imponible general( rendimientos del trabajo, capital inmobiliario, actividades empresariales, e imputaciones de renta).

Por tanto, algo es algo. Buen criterio de la DGT.

Viernes, 16 Diciembre 2016 00:00

EL TRIBUNAL SUPREMO Y EL ENTRETENIMIENTO

Interesante Sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2016 en la cual se concluye que una actividad empresarial secundaria y de entretenimiento realizada por un contribuyente que a su vez, realiza otra actividad empresarial que es su principal y distinta de la anterior, es también actividad empresarial a efectos del IRPF y aunque tenga reiteradamente pérdidas y sea de entretenimiento.

Obviamente, la Agencia Tributaria había rechazado la deducción de las pérdidas de la actividad de entretenimiento con los beneficios importantes de la actividad principal desarrollada por el contribuyente.

Por tanto, interesante el fallo del Alto Tribunal.

Eso es lo que viene a confirmar la Dirección General de Tributos en consulta vinculante de 19 de abril de 2016.

El cambio de pagador de las nóminas por un proceso de subrogación empresarial en el marco de una reestructuración empresarial no determina que haya dos pagadores a efectos de determinar la obligación de declarar en el IRPF .

Por tanto, aplaudimos el criterio de la Dirección General de Tributos.

Para la calificación del arrendamiento o compraventa de inmuebles ha de atenderse a la actividad en su conjunto, existiendo actividad económica cuando se produce una ordenación de medios para desarrollar una actividad, que excede de la compraventa o arrendamientos, englobándose dentro de la promoción inmobiliaria.

Por tanto, interesante el fallo del Alto Tribunal de junio de 2016.

La Agencia Tributaria no puede rechazar la exención del IVA cuando un empresario español vende un bien o presta un servicio a una empresa establecida en otro país de la Unión Europea y no está dado de alta en el registro de operadores intracomunitarios, si no hay ningún indicio serio que sugiera la existencia de fraude y se cumplen el resto de requisitos para la exención del Impuesto.

Así se recoge en la la Sentencia del Tribunal Superior de Justifica de la Unión Europea, de octubre de 2016.

La Ley Concursal establece distintos plazos para que los acreedores de una sociedad que es declarada en concurso, comuniquen la existencia de su crédito con el objeto de que se les reconozca como acreedores concursales y puedan participar del convenio o liquidación.

En principio, el crédito debe ser comunicado en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOE del auto de declaración de concurso, a fin de que sea incluido en la lista de acreedores del informe de la Administración Concursal. No obstante, se permite la comunicación transcurrido este plazo, aunque con determinadas consecuencias, entre ellas la posible clasificación del crédito como subordinado. Esta comunicación tardía puede tener lugar, grosso modo y cuestiones procesales aparte, entre el plazo señalado anteriormente y la entrega del informe provisional, o entre éste y el informe definitivo.

Pero, ¿qué ocurre con los créditos que no han sido comunicados en ninguno de los anteriores plazos?

La consecuencia será su no reconocimiento como crédito concursal. Sin embargo, esta ausencia de comunicación y de inclusión en el listado de acreedores no supone la extinción automática del crédito, si bien no podrá producir efecto alguno dentro del concurso, perdiendo el derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa, sin posibilidad de ser satisfecho en la liquidación concursal ni por ejecución de convenio y, en definitiva, quedando privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría en el concurso. No obstante, para garantizar la par conditio creditorum, los efectos novatorios de un posible convenio (quitas y/o esperas), sí alcanzarían al crédito no reconocido, quedando vinculado por la sentencia que aprobase el convenio.

Por todo ello, aunque la falta de comunicación no extinga el crédito, el acreedor únicamente podrá instar la efectividad del mismo si, una vez finalizado el concurso, tras la liquidación concursal o por ejecución del convenio, hubieran sido pagados todos los créditos concursales y siempre, claro está, que exista remanente.

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